La Inadmisibilidad Penal
en el Contexto Migratorio
Saber cómo la ley y los procedimientos penales se cruzan con la ley de inmigración es vital para asegurar que usted brinde una divulgación y defensa completa con respecto a inmigración. Ya sea que esté acusado de delitos o que acaba de concluir un asunto en la corte penal, es importante entender las etapas de los procedimientos de la corte penal y su interacción con la ley migratoria.
Maria Campos ejerce principalmente en asuntos de leyes de inmigración y de refugiados. Ella aparece regularmente ante la Junta de Inmigración y Refugiados (Immigration and Refugee Board), al igual que ante el Tribunal Federal y, a menudo, proporciona opiniones legales para su uso en tribunales penales. María frecuentemente asesora a clientes y otros abogados sobre las consecuencias de inmigración que surgen debido a condenas penales. También representa a personas que enfrentan procesos judiciales en virtud de la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados (Immigration and Refugee Protection Act, «IRPA») o la Ley de Aduanas (Customs Act).
Tener asesoramiento profesional a tiempo puede ayudar a evaluar el impacto del acto criminal en los procedimientos migratorios; por ejemplo, los cargos penales pendientes podrían afectar la duración de la detención en el lado de inmigración o el cronograma para la ejecución de una orden de deportación. Si los asuntos de la corte penal han concluido pero tiene una orden de libertad condicional activa, esto podría afectar su elegibilidad para solicitar la ciudadanía canadiense.
La mayoría de las personas con antecedentes penales solo están preocupadas por una orden de expulsión de Canadá; sin embargo, el hallazgo de inadmisibilidad penal tiene más consecuencias que la emisión de una orden de expulsión. Por ejemplo, dependiendo de la sentencia final, podría haber una pérdida de apelación de esa orden de deportación. En otros casos, ser declarado inadmisible podría afectar la elegibilidad de una persona para presentar una solicitud de refugio o podría impedir que un residente permanente patrocinara a un miembro familiar.
